Una mujer de 80 años fue considerada víctima de abuso financiero y consiguió una indemnización tras años de hostigamiento por parte de empresas de crédito y cobranzas.
Una mujer mayor fue indemnizada tras quedar atrapada en una cadena de préstamos y amenazas.
El conflicto comenzó cuando una mujer de 80 años con jubilación mínima empezó a pedir préstamos personales porque no le alcanzaba para llegar a fin de mes.
Con cada nuevo préstamo, su situación empeoraba. La deuda no le paraba de crecer y los intereses eran altísimos. Nunca supo bien cuánto debía ni qué había firmado. La Justicia determinó que los papeles no eran claros y tampoco le habían dado copias.
Su familia trató de pedir explicaciones. Desde el 2021, su yerno se contactó con la financiera Cartasur Cards S.A. para conocer detalles de los créditos. Nunca le respondieron.
Los mensajes que recibía eran intimidantes. Le llegaban correos y WhatsApps donde le decían que podía tener juicios encima. Todo eso le generó miedo. No entendía bien qué estaba pasando, y encima no podía leer bien los documentos porque tenía formación primaria nada más.
La empresa que se encargaba de cobrar, Enpro S.R.L., también negó haberla presionado. Dijeron que solo mandaban mensajes en horarios normales y que no amenazaban a nadie. Pero la señora no decía lo mismo.
El caso llegó a la Justicia. Primero se presentó en el juzgado y pidió que se anulen los créditos y pagarés. También reclamó un resarcimiento por daño moral y por el maltrato recibido. Quería que borren su nombre de las listas de deudores.
La jueza entendió su situación. Dijo que era una persona con pocos recursos, con estudios incompletos y sin herramientas para defenderse. Confirmó que más del 45% de sus ingresos se iban en cuotas. Una situación insostenible.
Los contratos estaban llenos de errores. No figuraban las tasas de interés, los datos importantes estaban en blanco, y la firma de la jubilada solo aparecía en condiciones generales sin detalle alguno. Por eso los contratos fueron anulados.
Además, Cartasur siguió prestándole plata incluso cuando ya tenía casi todo su ingreso comprometido. La jueza dijo que fue un comportamiento irresponsable y sin análisis previo. Las empresas no respondieron los reclamos ni colaboraron.
El primer fallo le dio la razón a la jubilada. Le reconocieron un daño moral de $2.500.000 y un daño punitivo de $10.000.000. A pesar de esto, las empresas apelaron y llevaron el caso a la Cámara Comercial.
En la Cámara, las juezas Ballerini y Tevez confirmaron que hubo abuso. Cartasur no pudo desmentir que los contratos eran irregulares ni que la mujer estaba sobreendeudada. Enpro tampoco justificó la falta de información ni los mensajes fuera de lugar.
La indemnización fue ajustada. El daño moral subió a $2.600.000 y el daño punitivo bajó a $5.000.000. Además, la Justicia ordenó que las empresas borren cualquier registro de deuda a su nombre en un plazo de 48 horas una vez que el fallo quede firme.
El conflicto comenzó cuando una mujer de 80 años con jubilación mínima empezó a pedir préstamos personales porque no le alcanzaba para llegar a fin de mes.
Con cada nuevo préstamo, su situación empeoraba. La deuda no le paraba de crecer y los intereses eran altísimos. Nunca supo bien cuánto debía ni qué había firmado. La Justicia determinó que los papeles no eran claros y tampoco le habían dado copias.
Los mensajes que recibía eran intimidantes. Le llegaban correos y WhatsApps donde le decían que podía tener juicios encima. Todo eso le generó miedo. No entendía bien qué estaba pasando, y encima no podía leer bien los documentos porque tenía formación primaria nada más.
La empresa que se encargaba de cobrar, Enpro S.R.L., también negó haberla presionado. Dijeron que solo mandaban mensajes en horarios normales y que no amenazaban a nadie. Pero la señora no decía lo mismo.
El caso llegó a la Justicia. Primero se presentó en el juzgado y pidió que se anulen los créditos y pagarés. También reclamó un resarcimiento por daño moral y por el maltrato recibido. Quería que borren su nombre de las listas de deudores.
Los contratos estaban llenos de errores. No figuraban las tasas de interés, los datos importantes estaban en blanco, y la firma de la jubilada solo aparecía en condiciones generales sin detalle alguno. Por eso los contratos fueron anulados.
Además, Cartasur siguió prestándole plata incluso cuando ya tenía casi todo su ingreso comprometido. La jueza dijo que fue un comportamiento irresponsable y sin análisis previo. Las empresas no respondieron los reclamos ni colaboraron.
En la Cámara, las juezas Ballerini y Tevez confirmaron que hubo abuso. Cartasur no pudo desmentir que los contratos eran irregulares ni que la mujer estaba sobreendeudada. Enpro tampoco justificó la falta de información ni los mensajes fuera de lugar.
La indemnización fue ajustada. El daño moral subió a $2.600.000 y el daño punitivo bajó a $5.000.000. Además, la Justicia ordenó que las empresas borren cualquier registro de deuda a su nombre en un plazo de 48 horas una vez que el fallo quede firme.
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