El Gobierno anunció que promulgará ambas normas, pero no les destinará fondos del presupuesto nacional. En Casa Rosada argumentan que el gasto afectaría las metas fiscales.
El Gobierno anticipó que las normas se promulgarán sin recursos asignados, pese al rechazo legislativo a los vetos (Foto: @lalibertadavanzaoficial / La Libertad Avanza Instagram)
El Gobierno decidió no implementar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar del revés que sufrió en el Senado. En el Ejecutivo confirmaron que las normas serán promulgadas, pero no se les asignarán fondos del presupuesto nacional, lo que en la práctica las dejará sin aplicación.
En la Casa Rosada explicaron que la decisión responde al compromiso de mantener el equilibrio fiscal. “Así como están, las leyes quedan suspendidas hasta que se defina de dónde sacar la plata”, señalaron desde el entorno presidencial. Las dos iniciativas habían sido aprobadas por el Congreso con amplio respaldo. La primera planteaba un aumento de fondos para universidades nacionales y la segunda declaraba la emergencia en hospitales pediátricos, con foco en el Garrahan. Sin embargo, el Gobierno entiende que ambos proyectos impactan de manera directa en el gasto público y que no hay margen para cubrir esos montos.
Según los cálculos oficiales, la ley de Emergencia Pediátrica requería cerca de 133.000 millones de pesos. De ese total, unos 20.000 millones estaban destinados a residencias médicas, más de 75.000 millones al personal de salud asistencial y casi 38.000 millones al personal administrativo.
Pese a reconocer que el refuerzo presupuestario al Hospital Garrahan tendría un efecto limitado en las cuentas del Estado, el Gobierno optó por mantener la misma línea de acción que aplicó con la ley de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 explicaron que un trato diferente generaría contradicciones jurídicas. “Si actuamos distinto, se abre un problema legal que puede jugar en contra”, manifestó un funcionario del oficialismo. La encargada de definir los aspectos técnicos fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien trabaja junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y un grupo de abogados del área. El equipo elaboró una estrategia que permite promulgar las leyes sin otorgarles partidas, lo que formalmente cumple con el proceso legislativo pero impide su ejecución.
El punto más sensible es el financiamiento universitario. Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que la actualización de los fondos para las universidades representa casi 1,96 billones de pesos, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno. El documento contemplaba un incremento del 32% en los gastos de funcionamiento y una suba del 40% en los salarios, junto con mejoras en becas y programas de apoyo estudiantil.
Desde el Ministerio de Economía ratificaron que no se desviarán recursos que comprometan las metas fiscales. “Cada peso cuenta. Si abrimos una excepción, el resto de los sectores pedirá lo mismo”, indicaron fuentes cercanas al titular de la cartera.
El Gobierno decidió no implementar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar del revés que sufrió en el Senado. En el Ejecutivo confirmaron que las normas serán promulgadas, pero no se les asignarán fondos del presupuesto nacional, lo que en la práctica las dejará sin aplicación.
En la Casa Rosada explicaron que la decisión responde al compromiso de mantener el equilibrio fiscal. “Así como están, las leyes quedan suspendidas hasta que se defina de dónde sacar la plata”, señalaron desde el entorno presidencial. Las dos iniciativas habían sido aprobadas por el Congreso con amplio respaldo. La primera planteaba un aumento de fondos para universidades nacionales y la segunda declaraba la emergencia en hospitales pediátricos, con foco en el Garrahan. Sin embargo, el Gobierno entiende que ambos proyectos impactan de manera directa en el gasto público y que no hay margen para cubrir esos montos.
Según los cálculos oficiales, la ley de Emergencia Pediátrica requería cerca de 133.000 millones de pesos. De ese total, unos 20.000 millones estaban destinados a residencias médicas, más de 75.000 millones al personal de salud asistencial y casi 38.000 millones al personal administrativo.
Pese a reconocer que el refuerzo presupuestario al Hospital Garrahan tendría un efecto limitado en las cuentas del Estado, el Gobierno optó por mantener la misma línea de acción que aplicó con la ley de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 explicaron que un trato diferente generaría contradicciones jurídicas. “Si actuamos distinto, se abre un problema legal que puede jugar en contra”, manifestó un funcionario del oficialismo. La encargada de definir los aspectos técnicos fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien trabaja junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y un grupo de abogados del área. El equipo elaboró una estrategia que permite promulgar las leyes sin otorgarles partidas, lo que formalmente cumple con el proceso legislativo pero impide su ejecución.
El punto más sensible es el financiamiento universitario. Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que la actualización de los fondos para las universidades representa casi 1,96 billones de pesos, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno. El documento contemplaba un incremento del 32% en los gastos de funcionamiento y una suba del 40% en los salarios, junto con mejoras en becas y programas de apoyo estudiantil.
Desde el Ministerio de Economía ratificaron que no se desviarán recursos que comprometan las metas fiscales. “Cada peso cuenta. Si abrimos una excepción, el resto de los sectores pedirá lo mismo”, indicaron fuentes cercanas al titular de la cartera.
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